El día miércoles se promulgó casi por unanimidad en la Cámara de Diputados de La Nación La Ley de Fertilización Asistida sin restricciones. La votación tuvo un voto en contra y nueve abstenciones y cosechó los festejos de las parejas con dificultades para concebir, además de las organizaciones de diversidad sexual.
La reciente ley, en sus doce artículos, garantiza el acceso al tratamiento, orientación y diagnóstico para todas las personas, sin importar la orientación sexual, la edad, o el estado civil en materia de reproducción médicamente asistida.
Lo interesante es que incluye el tratamiento en todo el sistema de salud, pública y privada de forma gratuita. A su vez, no exige constancia de infertilidad y contempla “la guarda de gametos o tejidos reproductivos”, cuestión que facilitará la planificación de un futuro embarazo a quienes “por problemas de salud o por tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas” sientan comprometida “su capacidad de procrear”.
Esta nueva ley amplía los derechos de miles de personas en todo el país. Recordamos que esta práctica era hasta estos días, costosísima en clínicas privadas y una prestación de medicina prepaga que suelen hacer de la salud, y específicamente de la salud reproductiva, un negocio. Lo novedoso de esta legislación es que será gratis, y en el hospital y que las desigualdades económicas no serán un obstáculo para cumplir el deseo de maternar.
Como declararon miembros de las organizaciones que lucharon por la promulgación de esta ley. Sumada a la ley de matrimonio igualitario , la ley de educación sexual integral y la de identidad de género, se vienen dando pasos que ayudan a romper la imagen social de una única y estática formas de maternidad y familia.
Esto en materia de legislación, ahora bien, desde el imaginario social y cultural y desde la aplicación efectiva de estas leyes en las provincias, parece que el camino no está tan allanado, como suele ocurrir con la ley de parto respetado, infringida innumerables veces por corporaciones médicas.
En la provincia de San Luis, por citar un ejemplo que se hizo público y tomó repercusión nacional, se sancionó a una profesora de Lengua y Literatura de una escuela secundaria pública por proponer a sus alumnos de cuarto año la lectura del libro “Hay una chica en mi sopa” donde una estudiante se enamora de una profesora de alemán. La sanción incluyó el secuestro de los libros a los estudiantes, un sumario, la suspensión por tres meses sin goce de sueldo y hasta una denuncia penal. La profesora declaró que las autoridades del colegio no permitieron que ella les explicase a los padres de los estudiantes quienes motorizaron la suspención la elección del libro. Los sindicatos docentes de la provincia abalaron a la profesora y también los estudiantes del año anterior quienes estaban muy conformes con los debates que se habían generado en torno al libro el año pasado.
La docente, justifica la elección del texto en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene serias limitaciones en su aplicación en la Provincia de San Luis. La profesora, quizás hubiera podido debatir con sus estudiantes acerca de la diversidad sexual, las relaciones asimétricas, el descubrimiento y demás cuestiones vinculadas a la adolescencia. Sin embargo ese acto pedagógico se obturó con una sanción y se estableció que de eso en la escuela no se habla.
La ley, además, incluye charlas explicativas para padres, quienes no tienen porqué saber cómo tratar estos temas con sus hijos e hijas. Este punto tampoco se cumple en la Provincia de San Luis y tampoco se cumplió al excluir a la docente de la reunión de padres, quienes además reprocharon conductas y formas de vestir y pensar de la docente.
Todo esto, se enmarca en un esquema patriarcal, homofóbico y lesbofobico que es muy difícil de deconstruir. Aunque no imposible. Parte además de una subestimación de los y las adolescentes y de sus derechos a ser tratados como sujetos. Son sobrados los ejemplos que se incluyen en las cartillas de aplicación de la ley de educación sexual integral para trabajar con adolescentes y con niños y niñas. La clave está en tener la voluntad de hacerlo, la voluntad de aplicar la ley y de ampliar derechos.
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