La
"reparación histórica" a jubilados y otros presentes
por Carlos Madera Murgui #
Desde
ya posee un nombre engañoso pues en el primer artículo se decreta la
"emergencia en materia de litigiosidad previsional", dando cuenta de
que el objetivo no es beneficiar a los jubilados, sino reducir su capacidad de
litigio.
Se
propone así el pago a los jubilados con sentencias firmes, pero aplicándoles
una actualización que vulnera el cálculo de cada juicio y reduce el valor de
los retroactivos, así como el haber que cobrarán. El juez dictamina un monto y
el Estado paga una suma menor. Por eso se les exige que firmen un "acuerdo
transaccional".
Pero
la litigiosidad probablemente seguirá, puesto que los derechos previsionales
son irrenunciables. Además, no se trata de un mutuo acuerdo, porque el jubilado
está presionado a aceptarlo por su propia situación. O cobra con el descuento
que dan hoy, o el limbo.
Por
la aplicación de ese ajuste inferior al que vienen dictaminando los jueces,
también se efectúan descuentos en las actualizaciones a quienes tienen juicios
sin sentencia firme y a los que no iniciaron juicio pero están en condiciones
de cobrar. Debe aclararse una cuestión esencial: estos recálculos alcanzarían
estimativamente a sólo un tercio de los jubilados.
Para quienes no tengan los aportes necesarios para jubilarse, se establece la "pensión universal para el adulto mayor" un haber no contributivo y vitalicio, fijado en un 80% del haber jubilatorio mínimo, instalando "jubilados de segunda". La moratoria previsional en vigencia es inclusiva, les da los mismos derechos a todos; no es el caso de la pensión universal macrista.
También se modifican las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y se intenta derogar la ley sancionada el año pasado, que impide la venta de las acciones en poder del FGS.
Se crea un Consejo de Sustentabilidad Previsional, para que, en tres años, elabore un proyecto de ley para un nuevo régimen previsional universal, “inclusivo, integral y solidario”. No dice estatal o público y no es un olvido.
Este “nuevo” sistema que se intenta crear, más la posibilidad de la venta de acciones del FGS, dan a entender que el gobierno desea el aval legislativo para comenzar a producir una profunda reforma previsional, de la cual no podemos descartar la posibilidad de la inclusión de los privados en distintos niveles de gestión de los recursos previsionales.
Para quienes no tengan los aportes necesarios para jubilarse, se establece la "pensión universal para el adulto mayor" un haber no contributivo y vitalicio, fijado en un 80% del haber jubilatorio mínimo, instalando "jubilados de segunda". La moratoria previsional en vigencia es inclusiva, les da los mismos derechos a todos; no es el caso de la pensión universal macrista.
También se modifican las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y se intenta derogar la ley sancionada el año pasado, que impide la venta de las acciones en poder del FGS.
Se crea un Consejo de Sustentabilidad Previsional, para que, en tres años, elabore un proyecto de ley para un nuevo régimen previsional universal, “inclusivo, integral y solidario”. No dice estatal o público y no es un olvido.
Este “nuevo” sistema que se intenta crear, más la posibilidad de la venta de acciones del FGS, dan a entender que el gobierno desea el aval legislativo para comenzar a producir una profunda reforma previsional, de la cual no podemos descartar la posibilidad de la inclusión de los privados en distintos niveles de gestión de los recursos previsionales.
Con un polémico artículo de la ley
de blanqueo de capitales, el Gobierno busca ampliar el cerco
informativo ante la repatriación de fondos sin declarar en el exterior, que
podría incluir a familiares de funcionarios nacionales y a todo tipo de
dirigentes provinciales.
Asegura que "Los terceros que
divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo
relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por
esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código
Penal. Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además,
en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que
hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera
revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o
información se hubiera revelado o divulgado".
El artículo 85 prevé penas de
prisión y hasta multas equivalentes al dinero blanqueado para aquellos que
difundan información de quienes se adhieran
Es decir: si un periodista informase
que alguna persona, inclusive funcionarios. blanquea cien millones de
dólares, ademas de ser ser acusado de un delito que establece penas de 1
mes a 2 años de prisión, deberá pagar una multa igual al dinero que
estaba escondido del fisco.
Esto no sólo alcanzaría a periodistas que
informaran sobre los blanqueadores, sino también a quienes facilitaran
los medios para su difusión, como editores responsables, directivos o dueños
del medio
En el Comedor Presidencial, donde encabezó
un brindis por el Día del Periodista , el jefe de Estado se refirió a la
polémica generada en torno al artículo 85. "Es importante que todos
entendamos que también tenemos que respetar la privacidad de las personas. Es
todo todo un equilibrio que en la Argentina también tenemos que recorrer, ver
qué actos son públicos y cuáles no", Gracias Sr.Presidente
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