por Carlos Madera Mugui #
Son una instancia de participación ciudadana en relación a una
temática determinada. Al no ser vinculantes la opinión de los ciudadanos carece
de poder efectivo.
Después
del fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno nacional debe llamar a una audiencia
pública para establecer las nuevas tarifas de gas para uso domiciliario.
Una audiencia pública es la
instancia en la que los ciudadanos dan su opinión, en el marco de asunto de
interés general, ante una decisión administrativa o legislativa del Estado en
el que pudieran verse afectados.
La convocatoria a audiencia pública
la puede hacer el Poder Ejecutivo o alguna Cámara del Poder Legislativo y se
desarrollará en el lugar que quede establecido por la legislación vigente en
cada jurisdicción. Se debe convocar con una antelación no inferior a los 30
días corridos respecto de la fecha en la que se realizará.
En lo que hace a las normas de su
funcionamiento, las audiencias públicas son de asistencia libre. Los
interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse con una antelación
de cinco días al fijado para la realización, y aquellos que deseen formular
preguntas deberán hacerlo por escrito y previa autorización del presidente de
la audiencia. Además, si la autoridad convocante lo requiere, podrán intervenir
investigadores y especialistas en el asunto a tratar.
Es importante destacar que las
opiniones de los ciudadanos en una audiencia pública tendrán carácter
consultivo no vinculante, por lo que finalmente, la autoridad convocante dará
los fundamentos de su decisión y explicará de qué manera se han tomado en
consideración las opiniones de los ciudadanos.
El 28 de julio se realizó una
audiencia pública en Mar del Plata. Fue convocada por el gobierno de la
provincia de Buenos Aires y se realizó llevó a cabo en un gimnasio cubierto del
Estadio José María Minella, bajo un fuerte operativo policial.
Fue para debatir la suba de la
tarifa eléctrica en las empresas que prestan servicio en la provincia.
Disonantes, los directores de las empresas distribuidoras defendieron los
aumentos del cuadro tarifario, al tiempo que los representantes de los usuarios
advirtieron sobre el impacto negativo del tarifazo en la economía de los
consumidores. “Fuimos a una audiencia para debatir algo que ya estaba
decidido”, expresó por aquellos días Roberto Daoud, de la entidad Defensa de
Usuarios y Consumidores.
Facundo Ferro, abogado cuyo estudio
jurídico patrocina a miles de familias de la provincia de Buenos Aires víctimas
del tarifazo eléctrico, dijo que en el
caso del tarifazo del gas, “la Ley Nacional 24.076 establece que tiene que
haber audiencias públicas para aumentar las tarifas”. El letrado agregó que
constituye un “desprendimiento que se hace de los derechos de los usuarios y
consumidores del artículo 42 de la Constitución Nacional y tiene que ver con el
derecho a la información, una información veraz, fidedigna y a la participación
democrática”. Le agregamos desde aquí que la responsabilidad y la potestad
plena de la fijación de las tarifas la tiene el poder ejecutivo, que fuera de
discusión, la teoría de la cotización de boca de pozo en el gas, el menemismo
invento esa instancia, luego cambiado por el kihrnerismo y vigente hasta hoy.
En 21 días el gobierno estaría llamando a audiencias públicas, mientras ahora
las pymes y las empresas de todo tamaño librarán su batalla, casi de la subsistencia,
para lograr un fallo parecido al de ayer para los hogares.
Además, ya tiene fecha, hora y lugar la audiencia
pública para tratar la tarifa del gas: será el lunes 12 de septiembre, desde
las 9, en la Usina del Arte. Al respeto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, adelantó que se evalúa la posibilidad de que las organizaciones
también puedan participar "a través de Internet, en forma virtual, por
Skype o Facebook", de la audiencia pública.
La luz es otro frente, pero la historia
continúa.
# Conductor "Dorrego Despierta" de lunes a viernes de 7 a 9 por LadorregoAM1470
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