por Carlos Madera Murgui #
En los inmediatos últimos días se produjeron tres episodios de represión a la protesta social. En esa fugaz línea de tiempo fueron detenidas 20 personas y otras tantas resultaron heridas. Los organismos de Derechos Humanos hablan de una escalada represiva. Los hechos evidenciaron la conflictividad social creciente y revelaron que la estrategia de Cambiemos fue el despliegue de un nuevo protocolo de represión y criminalización que incluye varios items: la policialización de las protestas, la existencia de dobles comandos policiales, la instalación de una “ para legalidad “ con actuación de efectivos de civil, el uso de vehículos policiales sin patente ni identificación, y el incremento de las penas judiciales con la aplicación del delito de "intimidación pública" para perseguir a los manifestantes.
El último episodio ocurrió cuando unos 300 policías bonaerenses
reprimieron a trabajadores frente a la planta que la multinacional PepsiCo
tiene en Florida, partido de Vicente López, que estaba tomada por empleados en
resguardo de sus puestos luego de que la empresa decidiera trasladar la fábrica
a Mar del Plata, despedir 600 personas y reubicar a 159. Pero la seguidilla
comenzó cuando la Policía de la Ciudad reprimió un acampe del Frente por el
Trabajo y Dignidad Milagro Sala en la Avenida 9 de Julio frente al Ministerio
de Desarrollo Social. Siguió , cuando manifestantes que pedían frente a los
Tribunales porteños por la liberación del lonko mapuche Facundo Jones Huala
fueron reprimidos y detenidos.
"Hubo tres situaciones de represión a la protesta muy
claras. Estamos advirtiendo un aumento. Cada vez más queda bien en claro que la
respuesta del Estado frente al reclamo social es la policía", advirtió el
abogado Federico Efrón, del (CELS). Después de PepsiCo, el organismo señaló la
existencia de una escalada represiva y marcó que la decisión del gobierno del
presidente Mauricio Macri es reducir el Estado a su cara policial.
A diferencia de los episodios anteriores, la represión en
Vicente López no fue sobre una manifestación callejera ni contra piqueteros,
sino contra trabajadores que realizaban un reclamo gremial. Hasta allí, el
"marketing del palo" se limitaba a otro tipo de protestas en las que
el sujeto apaleado, gaseado y detenido era –sobre todo en el imaginario social
y mediático– un encapuchado provisto de palos y cubiertas en llamas. La
intervención al sindicato de Canillitas por la Justicia y la acefalía provocada
por el Ministerio de Trabajo de la Nación en el gremio de azucareros de la
empresa Ledesma, en Jujuy, prenunciaban este camino sobre los obreros.
Además, en el desalojo de las papas fritas medió una orden
judicial. Ni el Ministerio de Trabajo o la jueza Andrea Rodríguez Mentasty
–designada de forma exprés en el Juzgado de Garantías 3 de San Isidro por el
Consejo de la Magistratura que integra su ex esposo, el diputado bonaerense de
Cambiemos Walter Carusso– tuvieron intención de negociación y terminaron
dejando todo en manos de un comisario. De todas maneras, la gobernadora María
Eugenia Vidal, su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, o su colega de
Nación, Patricia Bullrich, respaldaron en los medios la violencia.
El abogado Federico Martínez Forlón del Registro de Casos de
Violencia Estatal que coordina el CEPOC, advirtió sobre la existencia de un
"plan sistemático" represivo con la constitución de una "paralegalidad"
aplicada por sobre los códigos de procedimiento y la Constitución. Dos ejemplos
claros son los policías de civil en la represión de la 9 de Julio o los
vehículos sin patente ni identificación que fueron advertidos incluso por los
especialistas de la ONU en su visita a Jujuy. "El principal problema
–explicó–, es que es impulsado desde el Ministerio de Seguridad."
El relevamiento que el ODS realiza desde 2005 registró para el
período enero de 2016 a marzo 2017 un mínimo de 186 hechos de represión y
criminalización de la protesta. En el 51% de los casos fue represión de fuerzas
de seguridad; el 26% apertura de causas judiciales y el 23% detención de
activistas o manifestantes.
La titular de Correpi, María del Carmen Verdú dijo que "Hay una decisión del gobierno de policializar todas las protestas. aseguró que este año y medio de Macri "es el peor momento de los 30 años de democracia".
La titular de Correpi, María del Carmen Verdú dijo que "Hay una decisión del gobierno de policializar todas las protestas. aseguró que este año y medio de Macri "es el peor momento de los 30 años de democracia".
Criminalización de la protesta. Pese a que el kirchnerismo
priorizó la respuesta política al conflicto social, en la persecución también
llegó el cambio.
# Conductor " Dorrego Despierta" de lunes a viernes de 7 a 9 por LadorregoAm1470
No hay comentarios:
Publicar un comentario