“luchar y crear son el modo de decirle a los compañeros caídos tu no moriste conmigo”.
Eduardo Galeano
La historia es
inapelable. Los gobiernos injustos con sus pueblos inevitablemente se deslizan
hacia la coerción social y cultural primero, y el uso desmesurado de la fuerza
después, negando el sentido más sustancial de la democracia. Hay, en nuestro pasado,
vencedores y vencidos, víctimas y victimarios.
Durante la conquista
del continente americano se produjo la primera masacre. Fue un genocidio, según
la definición de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de
Genocidio. Luego, el proceso de construcción del Estado nacional estuvo
precedido y continuado por otro genocidio que la hipocresía aristocrática
denominó “Campaña del Desierto”. Corrieron ríos de sangre. Se presentó
como una acción civilizadora, cuando lo que se producía era un robo
generalizado de la tierra de la Pampa Húmeda.
En la aplicación de
nuevas formas de disciplinamiento social, aquella oligarquía instituyó la Ley
4144 “de Residencia”, que habilitó la expulsión del país de inmigrantes
revoltosos. Las masacres de los talleres Vasena en 1919 durante la “Semana
Trágica”, y contra los peones en la Patagonia en 1921, marcan otros hitos
emblemáticos de la conducta policíaca de la oligarquía frente a los reclamos
populares. Ya se había instituido el gobierno de Hipólito Yrigoyen por el
sufragio universal (sin el voto femenino).
En 1955, el golpe de
Estado “libertador” intensificó la violencia contra el pueblo, incluyendo
fusilamientos y 18 años de proscripción ininterrumpida de la corriente política
más importante de la Argentina, el peronismo. Y siguieron nuevas interrupciones
de los regímenes constitucionales, con sus edictos, leyes y violencias; hasta
que el 24 de marzo de 1976 se impuso la dictadura cívico-militar que desplegó
un proyecto de terrorismo desde el Estado con la consecuente represión salvaje
y sistemática que diezmó a toda una generación, la mía, desapareciendo y
asesinando a 30.000 detenidos.
Como respuesta a ese
plan sanguinario, que violaba sistemáticamente los más elementales derechos
civiles, políticos, sociales y culturales emergieron una cantidad de organismos
defensores de los derechos humanos: la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos (APDH), Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, Hijos, Hermanos,
Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi). La Liga
Argentina por los Derechos del Hombre había sido creada en 1937.
Estas organizaciones
jugaron un rol trascendente en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Los
juicios a las Juntas Militares impulsados por el gobierno de Raúl Alfonsín
fueron un avance inédito. Las reacciones posteriores de militares y civiles
involucrados en los crímenes terroristas, condujeron a retrocesos como las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El gobierno de Carlos
Menem claudicó en toda la línea con los indultos. La aplicación de las
políticas neoliberales en los años ochenta y noventa requirió la profundización
del debate sobre los derechos humanos, ampliando su horizonte a las condiciones
de existencia para acceder a una vida digna: trabajo, salud, educación,
cultura, vivienda, etc. De este modo, todo lo relativo al juzgamiento de los
hechos de violencia criminal del Estado se enriqueció incorporando la defensa
de los derechos sociales y culturales de los ciudadanos como valores a conquistar.
Durante los años de los
gobiernos kirchneristas se produjo una articulación virtuosa entre los poderes
del Estado, los Organismos de derechos humanos y los movimientos sociales
alrededor de este concepto más amplio de los derechos humanos.
Este cambio cualitativo
y conceptual, se extendió hacia la idea de violencia: nó es sólo la que
se aplica directamente contra la vida de las personas, también lo es cuando se
les niega a los ciudadanos toda posibilidad de acceso a una vida social y
cultural digna.
Las políticas del
gobierno macrista chocan de frente contra este concepto ampliado de derechos
humanos ya que, en oposición a las políticas de la década previa, restringe e
intenta abolir los derechos que se incorporaron.
La ideología y conducta
política en contra de la idea de Memoria, Verdad y Justicia son prístinas:
desmantelamiento de los organismos del Estado que sostenían el trabajo de
esclarecimiento de los crímenes dictatoriales, discurso presidencial
negacionista de los 30.000 desaparecidos, nombramiento de funcionarios que
justifican el genocidio e intento fracasado de modificar el feriado fijo del 24
de marzo. Junto a esto, una política represiva cuyo caso paradigmático es la
detención de Milagro Sala y sus compañeras de la Túpac Amaru, a pesar de los
numerosos reclamos nacionales e internacionales para que sea liberada.
La descalificación de
Roberto Baradel en el mensaje presidencial a la Asamblea Legislativa es un paso
más en la escalada antidemocrática de recorte de los derechos sindicales.
Por los frutos lo
conoceréis: en un año se generaron 1.500.000 nuevos pobres y un tercio de ellos
están en la indigencia, o sea en el hambre. Fueron destruidos alrededor de
300.000 puestos de trabajo y se redujo la capacidad adquisitiva del salario, a
la vez que se engrosaban las ganancias de los millonarios de siempre.
Marzo expresó la
reacción de multitudes en las calles. Como siempre, cuando emerge la rebeldía
soterrada de los pueblos convulsiona la escena política. Este 24 de marzo
nuevamente un inmenso pueblo se manifestó demostrando que la defensa de los
derechos humamos está incrustada en la conciencia de la sociedad como un valor
cultural irrevocable.
Las calles de marzo
marcan un nuevo tiempo. Por esa huella tenemos que andar. Y seguimos andando,
también, con Eduardo Galeano: “luchar y crear son el modo de decirle a los
compañeros caídos tu no moriste conmigo”.
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