la tapa;;lunes 3 de agosto de 2015

Algunos derechos que siguen torcidos 

por Carlos Madera Murgui

Pocas leyes pueden lograr de manera inmediata salvar vidas y proteger la salud. Una de ellas es la legalización del aborto. En primer lugar porque evita la mortalidad de mujeres gestantes y las secuelas en la salud de miles por año. Pero además contribuye para que haya menos abortos: lo que supone menos interrupciones de vida en gestación, la única que importa para algunas visiones antiderechos.  Estas afirmaciones están basadas en la evidencia comparada de los países con diferentes tipos de marcos normativos y políticas de salud.    La combinación de educación sexual integral, acceso a los métodos anticonceptivos más adecuados para cada persona en particular y aborto legal elimina la mortalidad de mujeres por aborto y reduce significativamente su cantidad. Porque la atención en el sistema de salud permite operar sobre las causas que produjeron el embarazo no deseado para contribuir a evitar repeticiones.  ¿Por qué entonces todavía nunca se debatió este tema en particular en el Congreso Nacional, porqué se mantiene una penalización que a todas luces es vulnerada cotidianamente? Nunca más cierto que aquí es evidente la ineficiencia de las leyes en el abordaje de problemáticas sociales.   La sanción de la reforma integral del Código civil, es una legislación moderna  , de avanzada en gran cantidad de aspectos , especialmente comprensiva de las nuevas formas de familia. El diablo, en nombre de Dios , metió la cola y promovió una redacción del artículo 19 de inicio de la vida más bien apropiada para un código canónico. Una pena que nos perdamos una satisfacción completa. En este tema como en el debate pendiente  ,  el sentido común transita por recorridos muchas veces insondables. Nadie pretende que las personas, aunque estén en las más altas funciones gubernamentales y legislativas, dejen de tener o cambien sus creencias religiosas y sus convicciones morales. Sin embargo el Estado no puede imponer una sola idea y pensamiento a todas las personas a través de su sistema penal y mucho menos criminalizar a quienes disienten con esta noción. Lo que sí debemos interpelar es a las responsabilidades políticas que se asumen en la función pública en pos del bien común, del cumplimiento de la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. En temas controvertidos nada mejor que una visión amplia de los derechos y la posibilidad de ejercerlos en plena libertad. No es verdad que la sociedad argentina no está aun madura para darse un debate serio y comprometido sobre el aborto. Son la desinformación, la ignorancia alrededor de la temática y su silenciamiento los que contribuyen a perpetuar la clandestinidad de una práctica a la que las mujeres siguen acudiendo, poniendo en riesgo su vida y su salud.

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